Esta Ley obliga al Gobierno a articular a través del ICO una línea de crédito dirigida a ayuntamientos con el fin de que puedan pagar sus deudas con empresas y autónomos. Elimina la posibilidad de que las empresas negocien plazos superiores de pago a los fijados por la ley.
En el caso de empresas privadas, exceptuando el sector de alimentación y productos perecederos, obligados a pagar en 30 días en todos los casos, el periodo transitorio se extiende hasta el 2013, de forma que hasta el 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en el 2012 y de 60 días ya a partir del siguiente año. Para las constructoras de obra pública contarán con plazos distintos.
La nueva ley establece que las empresas informen en su memoria de cuentas anuales sobre los plazos en los que abonan las facturas a sus proveedores. Esta norma persigue equiparar los plazos de pago en España con los del resto de Europa para aumentar la competitividad.
Todo esto está muy bien si las empresas cumplen y pagan, pero el gran problema surge en que a las empresas les interesa que les paguen en un plazo más o menos corto. Los impagos no se solucionan acortando los plazos, sino que se pueda exigir las obligaciones de pago y más celeridad en la ejecución de las deudas. ¿Como se va a exigir a las empresas unos plazos que la propia administración está incumpliendo? Se debería poder exigir responsabilidades tanto a los administradores de las compañías que no cumplan, como a los responsables de las administraciones públicas que no lo hacen.
