La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) celebró los días 28 y 29 de octubre de 2010 su XX Congreso Anual, cuyo tema principal este año fue 'La reforma penal en materia económica, tributaria y financiera'.
El colectivo, que agrupa al 90 por ciento de los inspectores de toda España, analizó la última reforma del Código Penal referida al ordenamiento tributario penal o económico-financiero.
El delito fiscal como instrumento anti-fraude, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el nuevo tratamiento del delito fiscal y el alzamiento de bienes o la problemática procesal y penal en el ámbito de la delincuencia económica fueron algunos de los temas que se abordaran a lo largo de estas dos jornadas.
En el XX Congreso Anual participarán autoridades políticas, tanto estatales como autonómicas, así como profesionales de la inspección y del mundo jurídico.
Entre los distintos asuntos tratados, destacamos, por un lado, que la Agencia Tributaria pretende para el año próximo que los inspectores al servicio de la Hacienda pública tengan que dedicar una mayor proporción de su jornada a rastrear los principales focos de elusión fiscal, es decir, que los inspectores "recuperen un cierto ámbito de actuación en la calle; que estén más presentes en los centros de trabajo de las empresas".
Y por otro lado, más allá del fraude tradicional, la Agencia Tributaria aboga por perseguir la venta de productos destinados a facilitar la gran elusión fiscal, es decir, las estructuras, ofrecidas bajo una aparente legalidad, son responsables en muchas ocasiones de los casos más flagrantes de elusión fiscal, los que acaban en delito (cuando se dejan de ingresar cantidades superiores a los 120.000 euros por impuesto y por período impositivo).
Por último, en un tema como “el delito contra la Hacienda Pública” mientras que los responsables de la Agencia Tributaria dicen que "el porcentaje de condenados por el citado delito asciende al 70% de los casos juzgados, y que en la mayoría de esas condenas el cobro de la deuda está garantizado, aunque el proceso sea lento”, los inspectores, sin embargo, opinan que “la deuda no está garantizada, y alertan de que existe una deuda que ronda los 6.000 millones de euros atascada en los tribunales”.
